Ahogar la protesta política con el rigor de las multas
Expertos constitucionalistas advierten de que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puede invadir derechos fundamentales
ALBA TOBELLA Madrid EL PAÍS
Manifestantes se enfrentan a un nutrido despliegue policial al lado de Congreso de los Diputados. / BERNARDO PÉREZ
El año que está a punto de acabar ha popularizado en España la palabra escrache (protestas de los ciudadanos ante las viviendas de representantes políticos) y ha estado marcado por un flujo incesante de mareas: la marea blanca en defensa de la sanidad pública, la verde (educación), la naranja (servicios sociales)... Una avalancha de protestas, concentraciones y manifestaciones que el Gobierno piensa atajar con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tiene previsto sacar del horno en el Consejo de Ministros de este viernes. La reforma impondrá elevadas multas y castigos a quienes protesten fuera del camino marcado por las autoridades. Y los expertos advierten de que bordea peligrosamente los límites que delimitan algunos derechos fundamentales.
La propuesta convertirá los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas “muy graves”, multadas con hasta 600.000 euros, de acuerdo con el borrador que manejaba esta semana el Ministerio del Interior. Alterar el orden público con capucha o insultar a un policía en el transcurso de una manifestación será considerado falta “grave” y conllevará una sanción de 1.000 a 30.000 euros.
La oposición no ha tardado en apodar la norma como la ley de la patada en la boca en referencia, 20 años después, a la ley de la patada en la puerta, que contenía el precepto del código de seguridad ciudadana del ministro José Luis Corcuera, tumbado por el Tribunal Constitucional en 1993. “Es un absoluto disparate y parece un código disciplinario para militarizar la sociedad”, resume el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que alerta de que recurrir una multa de estas dimensiones por la vía del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.
Con este giro hacia la vía administrativa, más rápida y ejecutiva, el ciudadano tiene que demostrar su inocencia ante el tribunal, en lugar de ser el Estado el que pruebe la culpabilidad. “Es más fácil sancionar administrativamente que llevar el caso ante el juez”, explica el catedrático de Derecho Administrativo Juan Cruz Alli, que piensa que esta fórmula de penalizar a los manifestantes “es algo menos gravosa para los afectados —les evita el proceso judicial—, pero es más conveniente para la Administración porque es muy difícil ganar un recurso contra el Estado”. Cruz Alli considera que las faltas que prevé la nueva ley pueden ser difíciles de probar. En su opinión, se trata de una reforma reclamada por la propia policía y que “obedece a la realidad de los últimos años, en los que se ve impotente para multar a los manifestantes que provocan disturbios”.
Otras infracciones en la ley
Muy graves. Multas de 30.001 a 600.000 euros
- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
Graves. Multas de 1.001 a 30.000 euros
- Ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios de prostitución cerca de colegios, parques o lugares donde se ponga en peligro el tráfico.
- Poseer de manera ilícita, transportar, abandonar droga o los útiles para prepararla. También plantar cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.
- Conducir cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos.
- El botellón cuando perturbe la tranquilidad ciudadana.
- Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.
Uno de los aspectos de la reforma es la prohibición de manifestarse en determinados espacios públicos. Algo que convertirá en innecesarias las vallas que llevan más de un año amontonadas en las aceras de las calles colindantes al Congreso de los Diputados. Desde la convocatoria de la protesta Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012, están permanentemente preparadas para fortificar la Cámara Baja ante eventuales protestas. La reforma prohibirá las manifestaciones y escraches en determinados perímetros urbanos en los que la policía podrá establecer “zonas de seguridad”, y el epicentro será el Congreso de los Diputados, incluso cuando no esté en actividad.
Este es el punto que más alerta a los constitucionalistas. “Habrá que ver cómo se desarrolla la ley pero, efectivamente, tiene puntos conflictivos que pueden entrar en colisión con derechos fundamentales como el de asociación o reunión. La redacción tendrá que ser bastante fina para no invadir libertades básicas”, apunta Yolanda González, constitucionalista de la UNED y catedrática Jean Monnet de la Comisión Europea. “Prohibir que una manifestación tenga un recorrido puede hacerse ad hoc, en condiciones reales de fecha, hora y circunstancias de la protesta, pero me parece más discutible excluir absolutamente un radio de la ciudad a las protestas. Especialmente las residencias privadas”, apunta. Y añade que no ve “nada excéntrico” en que el pueblo quiera protestar ante los representantes de su soberanía.
Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense y vocal de la Asociación de Constitucionalistas de España, matiza sin embargo que “la restricción de las protestas en torno a los Parlamentos tiene lógica histórica. Durante la Revolución Francesa se prohibió porque los revolucionarios increpaban a la Asamblea desde los balcones”. En su opinión, “el derecho a manifestación conlleva unas molestias inevitables, pero deben ser ponderadas y no anular otros derechos como el funcionamiento normal de la Cámara o el derecho a la privacidad del domicilio, en el caso de los escraches”. El Código Penal ya castiga la concentración ante el Parlamento “si se altera el normal funcionamiento de la Cámara” y otros comportamientos previstos en la nueva del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando son constitutivos de delito, pero no en todos los casos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por ejemplo, consideró en abril que las concentraciones ante las viviendas de los políticos son una “perturbación desproporcionada”, pero asume que “el derecho a reunión no puede ser limitado a priori por disposiciones administrativas” y que, por tanto, no se puede blindar un perímetro antes de recibir una propuesta de recorrido de una manifestación. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, declaró en esta línea que no debe “criminalizarse” cualquier reunión o manifestación, y que la fiscalía solo analizará los escraches que tengan “trascendencia penal”.
El blindaje de las instituciones políticas y policiales responde, según los expertos, a su distanciamiento de la ciudadanía. Justo en el ecuador de la legislatura, el PP ha perdido 14 puntos de intención de voto desde que llegó al poder, el 20 de noviembre de 2011. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está valorado con un 2,45 en una escala de 0 a 10, según el CIS. “El Gobierno está utilizando la policía para protegerse de las acusaciones de corrupción. Una ley así les blinda más que un coche oficial”, exclama Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La ley de seguridad ciudadana sustituirá a la ley Corcuera de 1992, pero para algunos analistas es más retrógrada. “La ley nos llevaría alcorcuerismo, al autoritarismo dentro de la democracia”, espeta Ballbé, también experto en seguridad ciudadana y en el proceso de desmilitarización de la Policía Nacional durante la Transición. El Tribunal Constitucional anuló el punto de la ley Corcuera conocido como “la patada en la puerta”, que permitía a la policía entrar en los domicilios de los sospechosos de tráfico de drogas sin orden del juez, al considerar que vulneraba la inviolabilidad del domicilio. Durante el año en que estuvo en vigor la normativa, la policía detuvo a unas 800 personas que tuvieron que ser absueltas tras la sentencia.
Interior “intenta remilitarizar la seguridad y radicalizar a los manifestantes con métodos provocadores de la policía”, apunta Ballbé. En su opinión, el objetivo no es otro que “poder criminalizar los movimientos ciudadanos”. “La prohibición de manifestaciones pacíficas en las cercanías del Congreso no tiene parangón en los países democráticos”, insiste.
En Europa, el país más restrictivo con el derecho a manifestación es Alemania, aunque en los últimos años han proliferado normas represivas con las protestas para controlar el orden público en varios países. Berlín estableció en 2008 unos permisos especiales para las manifestaciones que se organicen en las franjas de seguridad que rodean las sedes de tres de los llamados “órganos constitucionales”: amplias zonas anejas a las dos Cámaras legislativas federales y el Tribunal Constitucional. En Italia, pese a no estar prohibido por ley, la policía blinda las Cámaras durante las protestas. Solo Reino Unido está preparando una normaiva similar a la ley Fernández. La policía británica ya tiene amplios poderes para modelar o prohibir manifestaciones y las restringe particularmente en las cercanías del Parlamento. El Gobierno está tramitando, además, una ley que reforzará los poderes de las autoridades locales para prevenir el gamberrismo y denegar los permisos de protestas si consideran que pueden molestar al vecindario. Prevé también multar a los asistentes a manifestaciones ilegales, aunque cada permiso seguirá siendo analizado caso a caso.
En Francia, las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados requieren una autorización idéntica a cualquier otra protesta, aunque durante el último año han proliferado las manifestaciones a las puertas del Congreso, legales o espontáneas, en contra de la ley del matrimonio homosexual. Fueron toleradas en un principio y disueltas después.
A juicio de Ballbé, la ley Fernández recuerda a las primeras medidas sobre seguridad ciudadana del expresidente francés Nicolas Sarkozy, en su primera etapa de ministro de Interior entre 2002 y 2004, muy criticadas por criminalizar la pobreza. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el tráfico de armas y drogas, acabó focalizado en los disturbios callejeros. Dos años después, Sarkozy amplió los poderes de la policía y la gendarmería y llegó a penalizar las reuniones de jóvenes en las escaleras de los edificios.
España se caracteriza por su elevado índice de seguridad humana, un concepto de Naciones Unidas que, según Ballbé, “no se protege con policía, sino con intangibles como la seguridad social, la educación o la integración de la inmigración”. Con más de un 50% de paro, los jóvenes “se están comportando de una manera increíble. En otros países del mundo, en estas condiciones, el índice de criminalidad es muchísimo más elevado”, concluye el catedrático.
Con información de Miguel Mora, Walter Oppenheimer, Juan Gómez y Pablo Ordaz.
La vuelta al “orden público”
Más de un artículo parece redactado directamente por mandos de los antidisturbios
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende sacar adelante una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para sustituir a la del mismo nombre que impulsó en 1992 el entonces ministro del Interior socialista José Luis Corcuera. Sin embargo, la norma que ahora patrocina el ministro Jorge Fernández supone unas cuantas vueltas de tuerca más. Y, además, todo apunta a que se le pueda haber ido la mano y se le haya pasado la rosca. “La calle es mía” parece querer decir el ministro Fernández. Pero no, la calle no es suya; la calle es de todos los ciudadanos. Y así está recogido en la Constitución, que consagra el derecho de manifestación como uno de los fundamentales de los españoles.
La oposición ya ha salido en tromba contra un proyecto legislativo cuya finalidad última es acallar las críticas ciudadanas. O, si no es así, lo aparenta. Pero es que incluso a voces tan poco sospechosas como la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria les recuerda a la franquista Ley de Vagos y Maleantes.
Entre los 55 artículos que componen esta futura ley Fernández hay más de uno que parece redactado directamente por algún mando de los antidisturbios. Tan es así que la norma podría llamarse de Protección de la Policía más que de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si no, es inexplicable que Interior amenace con sanciones de hasta 30.000 euros a quien insulte a un agente cuando esté “velando por el mantenimiento del orden público” en una manifestación. ¡30.000 euros! Eso es un disparate. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Código Penal castiga una agresión —no un insulto— con multas de menor cuantía.
El proyecto de Interior resucita el viejo “orden público”, un concepto que huele a naftalina y que nos retrotrae a épocas pretéritas. El “orden público” sugiere una política de palo y tentetieso, con la indisimulada finalidad de paralizar las protestas sociales. Por eso, no es de extrañar que Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, haya bautizado esta ley como la de la “patada en la boca de la democracia”.
El borrador legislativo es un batiburrillo criticable desde muchos puntos de vista: desde su dudosa constitucionalidad hasta la intención de imponer multas de hasta 30.000 euros a quien haga de taxista para llevar a toxicómanos a comprar droga (las llamadas cundas). En este y otros casos de supuestos infractores, resultaría más lógico castigarles con trabajos en beneficio de la comunidad, en vez de hacerlo con multas que probablemente no van a pagar jamás (por ser insolventes).
Las sanciones de 30.000 euros previstas para las prostitutas que capten clientes en zonas próximas a colegios o cerca de carreteras son simplemente otro intento de luchar contra la prostitución, sin atreverse a abordar este problema en toda su complejidad y dimensión social.
A este Gobierno no le gustan ni las manifestaciones ni las huelgas, como han admitido en más de una ocasión algunos de los líderes del PP. Está en su derecho. Pero entonces debería atreverse a plantear abiertamente y sin subterfugios cambiar la vigente Constitución.
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